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Cuando los errores esconden virtudes – El caso de los Panama Papers

A pesar de la crítica constante, mantener una cuenta en el exterior no es un crimen, sin embargo, en la mentalidad común de quienes deciden tener un cuenta fuera de Brasil lo hacen con la intención de engañar a las autoridades fiscales.

En las últimas semanas, las noticias en los periódicos, canales de televisión y estaciones de radio invadió otro tema explosivo, el escándalo que involucra una nueva base de datos conocida como los Panama Papers con cuentas bancarias y empresas en el extranjero controlados por cientos de políticos y empresarios de diferentes países, incluyendo Brasil. A pesar de la crítica constante, mantener una cuenta en el exterior no es un crimen, sin embargo, la impresión que prevalece es que la mentalidad común de quienes deciden tener una cuenta fuera de Brasil, lo hacen con la intención de engañar a las autoridades fiscales o de proteger recursos de dudosa procedencia.

No es del todo exacto, pues en el caso de que esas generalizaciones en este campo fueran válidas, se puede decir que todos los brasileños que abren una empresa o una cuenta bancaria aquí en Brasil, estarían cometiendo un delito debido a la cantidad de compañías ficticias y cuenta bancaria fantasma o “cuentas de testaferro” descubiertas en numerosas investigaciones del Ministerio público y la Policía Federal.

Con esto no queremos decir que las exageraciones y simplificaciones en el momento de difundir cuestiones técnicas signifiquen actos de mala fe parte de quien fuere, al contrario, evaluamos esta posición como resultado de la confusión de conceptos y generalización, debido a esto nos gustaría tratar el tema de una manera más amplia, comenzando con una breve historia.

Desde la década de 1980, se intensificó la lucha contra la delincuencia transnacional (tráfico de armas, drogas y prostitución) haciendo que las agencias de seguridad de varios países comenzaran a trabajar más de cerca y de manera colaborativa, de igual forma, la operación de vigilancia y la difusión de información también terminaron exponiendo a funcionarios públicos metidos en escándalos sobre mala utilización de fondos y sobre destinos equivocados por razones equivocadas que constantemente fueron a parar a los llamados paraísos fiscales, es decir en el extranjero.

A finales de 1990, el tema sobre el control global de la circulación del dinero entro en un nivel completamente nuevo, cuando los grupos organizados de la comunidad judía de los Estados Unidos lograron poner en jaque el sistema bancario de Suiza. Durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía demostrar numerosos casos de confiscación indebida de propiedades de familias judías; en 1998, los acuerdos celebrados con UBS y Credit Suisse, dieron lugar a la devolución de US $ 1.25 mil millones a los herederos de las víctimas del nazismo cuyas cuentas bancarias fueron confiscadas.

Desde entonces, la intensificación de las medidas para frenar el lavado de dinero y ocultación de bienes ya no aparecen en los acuerdos sobre la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada, pasando a dominar también los debates en los foros sobre el sistema financiero mundial, especialmente dentro de la OCDE, organización que reúne a los 34 países más ricos del mundo.

En este contexto, los países y territorios que cuentan con una intermediación financiera, una de sus principales fuentes de financiación debían ser ajustadas, una de ellas fue la ampliación de la apertura de la información sin que afectara el secreto bancario ni el impuesto de los clientes, una cláusula pétrea en el sistema legal de casi todos los países. Esta demanda provino de los Estados Unidos, cuyo gobierno exigido para estar informado de todas las transacciones bancarias de sus ciudadanos en el exterior.

El trasfondo legal de la medida fue la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (por sus siglas en ingles FATCA) publicado en 2010, la determinación fue finalmente seguido por la Unión Europea, según Marc Sanders, director de la consultora Taxand, dijo en un reciente informe del diario “Valor Económico” que estos líderes pensaron incluso, elaborar un ranking sobre el desempeño y el rendimiento de los llamados paraísos fiscales.

Si se aplicara dicha medida, será muy positivo para el sistema financiero mundial ya que no solo ayudaría a separar lo bueno de lo malo, sino también calificaría el debate sobre el uso de mecanismos más sofisticados para la protección de activos y la diversificación de cartera, no obstante, antes de la amplia aprobación, algunos países que cuentan con una intermediación financiera buscan diferenciarse por ser un elemento importante en el sector servicios.

Con relación a lo anterior, hablamos específicamente de las islas de Malta y Madeira, asimismo los gestores de fondos extraterritoriales basados en estas ubicaciones apuestan por tasas competitivas y en la transparencia más que en el anonimato o la exención de impuestos; al menos eso es lo que se proclama en los prospectos de algunos asesores que trabajan en dichas islas, tal vez, este puede ser el camino para aquellos que quieren operar en el extranjero, sin correr el riesgo de ser atrapados en escándalos en los que la opinión pública tiene dificultades para diferenciar el bien del mal.

Debido a que en un momento de mayor rigor supervisado por las agencias gubernamentales y filtraciones de información, que dieron lugar a las SwissLeaks en las Filtraciones de Luxemburgo y los Panama Papers por nombrar los más recientes, se dio la importancias de proteger los bienes familiares y hacerlo de manera sostenible además de proteger el prestigio.


Rodrigo Alonso Martins es abogado del despacho Ronaldo Martins & Advogados, CEO and Head of Wealth Planning Strategies, del despacho RIPOL Alliance Global Wealth Strategies.

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